La desaceleración del consumo, la sobreabundancia de productos en áreas específicas de la fabricación industrial, el confinamiento de gran parte de la población europea, de otros países asiáticos y latinoamericanos, han generado pánico y el colapso –hasta ahora irremediable– de las bolsas de valores. Dichos fenómenos forman parte de una coyuntura importante para la historia del capitalismo mundial y una nueva etapa para su reestructuración. Esto deja en evidencia las fisuras del modelo económico que rige el planeta.

En los años noventa, la consolidación del capitalismo como modelo exitoso frente al fracaso del alternativo soviético, promovió la confianza extrema en este modo de producir, que hizo de la ganancia y el consumo acelerado su principal virtud en el mundo occidental. Hoy es más que evidente que la supervivencia de este modelo depende de una sociedad de consumo, que ahora aterrada, no solo evita, sino que no puede gastar, generando una de las mayores debilidades y contradicciones de esta etapa del desarrollo capitalista.

Lo importante es que la crisis de un modelo que fue exitoso hace algunos años obliga a una transformación de los valores capitalistas sobredimensionados en este momento y, sobre todo, a replantear en Estados como el colombiano, la necesidad de reorientar la inversión nacional. Hospitales y salud tienen que ser priorizados en las nuevas agendas de los Gobiernos, así como cambiar el ímpetu de las medidas de transformación laboral y las reformas en materia de seguridad social que tercamente el Gobierno actual viene promoviendo.

Según el Departamento Administrativo Nacional de Estadística (DANE), en este momento el desempleo en el país es del 13 %, y en algunas ciudades alcanza el 18 %, mientras que el trabajo informal se sitúa en el 45 %. Para la entidad, estas cifras son realmente preocupantes si se tiene en cuenta que un escaso porcentaje de los trabajadores informales logra vincularse al sistema de seguridad social, con lo cual el desamparo en salud es una peligrosa realidad. Esto convierte a millones de ciudadanos colombianos en seres vulnerables frente al contagio del COVID-19, y los sitúa de cara a la muerte y el hambre.

En algunos departamentos y sus ciudades capitales hay variables importantes sobre el comportamiento laboral. En el caso de los del Caribe colombiano, las tasas de informalidad y desempleo superan los niveles nacionales, y desde hace varios años muchos vienen insertándose en las nuevas fases de expansión de la economía transnacional por medio de un desarrollo de la industria del turismo, lo que ha aumentado su participación en el producto interno bruto nacional.

Para no ir más lejos, durante el 2019 el promedio de ocupación hotelera de la región estuvo por encima del promedio nacional (55,8), con el 62 % (Cotelco). Bolívar, Magdalena, Archipiélago de San Andrés y Providencia y Santa Catalina vienen fortaleciendo su dependencia del turismo desde hace algunos años y el departamento del Atlántico realiza inversiones importantes para convertirse en uno de los principales destinos del Caribe. Para este año los de mayor ocupación fueron San Andrés, con el 67,45 %, seguido en el tercer lugar nacional por Cartagena, con el 64,2 %.

Para el caso del Archipiélago de San Andrés, Providencia y Santa Catalina, el ingreso de turistas pasó de 768.811 visitantes en 2015 a 1.050.763 en 2017; la superación del millón de visitantes se mantuvo en los años siguientes, e incluso para 2020 la Secretaría de Turismo Departamental proyectó un aumento significativo que sobrepasara el millón de visitantes.

Esta visión hacia un desarrollo del turismo, al parecer sin límites, lleva paulatinamente a una hiperespecialización con graves consecuencias por la dependencia económica que genera y los daños asociados al medio natural. Con más de un millón de turistas al año, es decir 87.560 en promedio mensuales, sumados a los habitantes y residentes, se estarían sobrepasando los 150.000 habitantes por mes, lo que aumenta significativamente los niveles de consumo en este archipiélago y deja una huella ambiental de grandes proporciones.

En los últimos años el aumento del turismo se convirtió en una fuente importante de recursos tanto para el departamento –que se benefició con el ingreso resultante de la tarjeta de turismo– como para el sector hotelero y de comercio, que aumentó las ganancias de manera significativa y que permitió multiplicar la riqueza de las islas, acumulación que han experimentado algunas familias en los últimos años.

El jalonamiento que ha dado el turismo a la economía del Archipiélago no solo ha beneficiado al sector formal de la economía, sino que también ha incrementado la vinculación de un sector amplio de la población a las dinámicas de los flujos de capital diario que se generan por vía de la venta de servicios turísticos, como se evidencia en los indicadores de riqueza para el 2019, donde el Archipiélago tiene el primer lugar en riqueza monetaria del país, una buena señal que muestra a los habitantes con dinero en los bolsillos.

En las últimas dos semanas de marzo, la proyección, en extremo alentadora, que hizo la Secretaría de Turismo del Archipiélago, de que la isla sería visitada por más de un millón de turistas, comienza a desvanecerse.

Las consecuencias del contagio de más de 118 países con el COVID-19 obligó a la Organización Mundial de la Salud (OMS) a declararla como pandemia; en consecuencia, se activaron los protocolos de contención en todos los países. Estas medidas contemplan acciones como la cuarentena, el confinamiento de habitantes con el virus, el cierre de las fronteras al ingreso de extranjeros, la suspensión de clases, el cierre temporal de sitios y negocios que reciban más de 50 personas, entre otras medidas y prácticas higiénicas recomendadas de manera individual.

Estas iniciativas han funcionado, por su implementación radical, en países asiáticos como China y Corea, y en algunos europeos como Francia y Alemania que, junto a otros de alta capacidad financiera, tienen solo el 25 % del trabajo informal. En medio de esta situación, el Archipiélago de San Andrés, Providencia y Santa Catalina comenzó a implementar las medidas de contención dictaminadas por el Gobierno, lo que implicó la prohibición del ingreso de extranjeros, el cierre temporal de colegios y de sitios de conglomeración turística como cayos y otros, de interés para los visitantes y propios, aunque a la fecha no hay casos reportados.

En Colombia comienzan a aplicarse estas medidas frente a la creciente crisis en la salud pública como consecuencia del aumento diario del número de contagiados. Lo que agrava la situación frente a los países mencionados es la fragilidad de la economía, con alta dependencia de la venta de petróleo, que hoy reduce ostensiblemente sus ingresos para el país, un sistema fiscal ajustado a las necesidades del empresariado, del que se duda mantenga la empleabilidad, una progresiva deuda internacional, una informalidad laboral por encima del 45 % y una pobreza creciente, que podrán convertirse en un detonante para la expansión del virus y para aumentar la pobreza.

Estas medidas desatarán la crisis de un modelo de desarrollo que se pretendió sustentable en torno a la Reserva de Biosfera y que, en esta coyuntura, es evidente que solo fue un velo que se sustentó en el discurso y no en una práctica concreta por un mejor mañana.

La posibilidad de un modelo sustentable cedió mezquinamente a la seducción de un capitalismo trasnacional que prometió progreso material y acumulación de riqueza. Grandes y nuevos hoteles acompañados de un desarrollo de lujosos restaurantes y grandiosas tiendas aumentaron por todos lados, junto a ello, ganancias, empleos y novedosas formas de libertad laboral que aunque no se formalizaron, sí se popularizaron.

Ahora, con una escasez de turistas que promete prolongarse, y frente a eventuales medidas de confinamiento, la economía presenta síntomas de asfixia prematuros; el temor de los empresarios, hoteleros y comerciantes, ahora dependiente del decadente turismo, llevará al precipicio al empleo formal, mientras el informal comienza a agonizar, la economía se contrae y las necesidades abundarán, el acaparamiento comenzó rampante y mezquino y el pánico comienza suavemente a disfrazarse de alegres despedidas.

La desesperación, la frustración y la incertidumbre, correlato del endeudamiento, tomarán un puesto importante en este contexto. Con las nuevas enfermedades, las crisis por ansiedad pueden ser brotes epidémicos en un archipiélago con precario sistema de salud, poca seguridad alimentaria y un ejercicio de acaparamiento de productos de primera necesidad.

Como se ha discutido en diferentes escenarios de la Universidad Nacional de Colombia (UNAL) Sede Caribe, hoy nos enfrentamos a una crisis en la seguridad humana. Esta situación demuestra que el proyecto de la sustentabilidad para el Archipiélago, especialmente en la isla de San Andrés, naufragó en su mar de los siete colores ante la vista de los planificadores y con la complicidad de los Gobiernos que sucumbieron ante las tentaciones de una acumulación apuntalada en la corrupción y ante la posibilidad de pasar a la historia por un plan de inversiones en salud.

La lección que se desprende de esta coyuntura debe obligar a un replanteamiento del modelo, y no necesariamente remitir a un nuevo comienzo, como suele plantearse en el esbozo del nuevo plan de desarrollo. Esta vez se debe abandonar la hipocresía de otros años y construir un proyecto colectivo de archipiélago. La pregunta seguirá siendo: ¿qué queremos para las islas y sus habitantes? Por ahora hay que esperar a que este virus siga lejano y sea arrastrado por las fuertes brisas del Caribe lejos de estas islas, donde a veces todo parece una fantasía.